The Mental Health Service of the Principality of Asturia
Mar 5, 2024 1:34:40 GMT -6
Post by account_disabled on Mar 5, 2024 1:34:40 GMT -6
The attacker has been diagnosed for years by the Mental Health Service of the Principality of Asturias with a mental disorder due to alcohol consumption and mixed personality disorder . Her clinical evolution since then has been unfavorable due to poor adherence to the prescribed treatment, explains the Court.
In a ruling of July 14, 2020, his absolute incapacity to govern his person and property was judicially declared when it was noted that the aforementioned pathologies entailed significant limitations to autonomously face his life. He was appointed guardian of the Principality of Asturias through the Department of Social Welfare.
En auto de 9 de marzo de 2023 se autorizó Fax Lists judicialmente su internamiento involuntario en establecimiento adecuado para su atención y cuidado en los ámbitos sanitario y social.
Señala el tribunal que “en el momento de realizar los hechos, si bien conservaba su capacidad cognitiva, tenía limitada de manera notable su capacidad volitiva”.
Los hechos que se declaran probados en esta resolución son constitutivos de un delito de incendio previsto y penado en el artículo 351 inciso 1º, del Código Penal.
En la sentencia, los magistrados destacan que “concurre en la acusada la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, eximente incompleta de alteración psíquica del artículo 20.1 en relación con el artículo 21.1 del Código Penal como así fue interesado por el Ministerio Fiscal”. De este modo, considera que “conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Penal, procede imponerle las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal de un año y cuatro meses de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”.
Igualmente, y al amparo del artículo 57 del Código Penal, se impone a la acusada la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la anciana atacada, a su domicilio y lugar de trabajo, así como la de comunicar con ella por cualquier medio por término de tres años, imponiéndosele la medida de libertad vigilada durante cinco con obligación de seguir tratamiento médico externo o someterse a control médico periódico.
Los magistrados sustituyen la pena de cárcel a condición de que la acusada no vuelva a delinquir en dos años y que continúe con el tratamiento en Salud Mental por su adicción al alcohol.
In a ruling of July 14, 2020, his absolute incapacity to govern his person and property was judicially declared when it was noted that the aforementioned pathologies entailed significant limitations to autonomously face his life. He was appointed guardian of the Principality of Asturias through the Department of Social Welfare.
En auto de 9 de marzo de 2023 se autorizó Fax Lists judicialmente su internamiento involuntario en establecimiento adecuado para su atención y cuidado en los ámbitos sanitario y social.
Señala el tribunal que “en el momento de realizar los hechos, si bien conservaba su capacidad cognitiva, tenía limitada de manera notable su capacidad volitiva”.
Los hechos que se declaran probados en esta resolución son constitutivos de un delito de incendio previsto y penado en el artículo 351 inciso 1º, del Código Penal.
En la sentencia, los magistrados destacan que “concurre en la acusada la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, eximente incompleta de alteración psíquica del artículo 20.1 en relación con el artículo 21.1 del Código Penal como así fue interesado por el Ministerio Fiscal”. De este modo, considera que “conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Penal, procede imponerle las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal de un año y cuatro meses de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”.
Igualmente, y al amparo del artículo 57 del Código Penal, se impone a la acusada la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la anciana atacada, a su domicilio y lugar de trabajo, así como la de comunicar con ella por cualquier medio por término de tres años, imponiéndosele la medida de libertad vigilada durante cinco con obligación de seguir tratamiento médico externo o someterse a control médico periódico.
Los magistrados sustituyen la pena de cárcel a condición de que la acusada no vuelva a delinquir en dos años y que continúe con el tratamiento en Salud Mental por su adicción al alcohol.